En los días 12 y 19 de marzo se realizó una consulta en el Estado español que recogió más de 1 millón de votos con el 97% a favor de la abolición de la deuda externa de los países empobrecidos. Una deuda contraída por estos países con créditos con los que España incentivaba la exportación de productos españoles. Ha sido una deuda que ha beneficiado a nuestras empresas.
Es impresionante tal cantidad de votos en un referendo organizado por la sociedad civil con escasos medios y muchas dificultades.
Hubiera habido muchísimos más votos si se hubiera podido realizar en todos los pueblos y pueblecitos y si no hubiera habido la absurda prohibición de la consulta por parte de las juntas electorales. Por otro lado también hubiera habido muchos más votos si se hubiera podido informar mejor sobre la deuda externa y se hubiera hecho un extenso debate social, pero habrían hecho falta los medios económicos suficientes y el apoyo de los medios de comunicación estatales (capítulo aparte fué el apoyo que sí recibimos de los medios en Cataluña). Pero ha sido un primer paso muy valioso que ha roto el inmovilismo.
Unos representantes en el Gobierno que fueran auténticos trabajadores al servicio de la ciudadanía, no serían insensibles a tal esfuerzo y pronunciamiento de la sociedad civil, como nos tememos que pueda pasar.
Ahora que la deuda externa es conocida, debatida y rechazada, si el Gobierno no actúa, será responsable “consciente” de ella. Lanzo una pregunta, en un marco de actuaciones como la del juicio a Pinochet: ¿Se podría enjuiciar al Gobierno español de genocidio si no cancela la deuda de países verdaderamente empobrecidos?
Espero respuestas.
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